Fue hace exactamente 11 años, otro 13 de noviembre. Unos 1.600 kilómetros de las costas gallegas, del Cantábrico y del oeste atlántico francés, alicatadas de chapapote. Cerca de 20.000 marineros, mariscadores o armadores damnificados. Una movilización humana y de medios sin precedentes (se calcula que, solo voluntarios, hubo 120.000, que hicieron 353.556 jornadas de trabajo. Se agotaron los monos y hubo que buscar contenedores hasta en Ceuta y Melilla). Entre unas cosas y otras, una factura, según el cómputo del Estado español, de 4.338 millones de euros.

Y para responder de todo ello, otro 13 de noviembre, el de 2012 (si otros magistrados tienen un sentido arácnido para lo mediático, Juan Luis Pía lo tiene para lo simbólico) se sentaron en el banquillo de los acusados de la Audiencia de A Coruña tres jubilados de más de setenta años: el capitán del barco, Apostolos Mangouras, su jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, ambos griegos, y el exdirector de Marina Mercante del Gobierno de Aznar José Luis López-Sors. Como si en Núremberg hubiesen juzgado como causante del Holocausto al suministrador del gas. Simbólicamente, claro: con esas edades, nadie irá a la cárcel.

El primer despropósito ni siquiera es imputable al Prestige. Si quemas una imagen del Rey, aunque sea un sello postal, el tribunal encargado del presunto delito no es el juez natural del lugar donde ha tenido lugar el acto pirómano, sino la Audiencia Nacional. Si coges un petrolero con un agujero y lo paseas delante de la costa a modo de regadera hasta que se hunde, el que entiende del asunto es -en este caso- el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión (no hay número 2). O más bien, los titulares, porque los sucesivos jueces, en cuanto llegaban al que fue el puerto comercial de la Costa da Morte (mil y pico habitantes), lo primero que hacían, a pesar de lo bonito de la villa, era echar la instancia de petición de nuevo destino, para no tener que asumir la instrucción de un sumario que duró nueve años.

En la vista oral, que le costó millón y medio de euros a la Xunta de Galicia, estaban personadas 2.000 partes (algunos abogados cobraban por hora lo que cuesta un pleito medio en España) y prestaron declaración 200 testigos o peritos. Al finalizar la vista, el propio juez Juan Luis Pía se sinceró con los periodistas y dijo que echaba de menos a gente en el banquillo: cargos públicos y personas del entorno de la armadora.

De lo que hablamos cuando hablamos de armadora es de un conjunto de empresas volátiles. Universe Maritime, con sede en Atenas y propiedad de Efi Moulopoulos, señora de Coulouthros, era la sociedad gestora del petrolero, pero el Prestige en sí era -la única- propiedad de Mare Shipping, una sociedad liberiana que se supone tiene los mismos dueños. (Otra rama de la familia política, la Coulouthros Ltd., con sede en Londres, era la que gestionaba el Mar Egeo, embarrancado e incendiado en la entrada a A Coruña en 1992 con 80.000 toneladas de crudo).

La carga del Prestige no era griega. Era de Crown Resources, una de las sociedades de Alfa Group, un holding propiedad de un oligarca ruso, amigo de Vladimir Putin, Mikhail Maratovich Fridman, aka “Misha”, aka Mikhail “Grâznyj” (“Sucio”, desconozco a que se puede deber ese apodo en ese ambiente). Al lado de todo esto, las instituciones españolas mostraron la diligencia de un convento de clarisas ante la invasión de los normandos. La costa gallega tiene la mitad de los kilómetros del total de la española y está frente a una de las autopistas marinas más transitadas, pero no tenía un remolcador de salvamento del ministerio de Fomento.

El que había en el norte tenía base en Gijón, donde de vez en cuando auxiliaba a algún yate o a un pesquero, y en Finisterre había uno subcontratado, con opción de hacer trabajos privados. En efecto, en los primeros momentos, no hubo actividad casi tres horas mientras se negociaba un rescate privado. En el gabinete de crisis no tenían cartas marinas y disponían barreras con rotuladores de trazo grueso sobre un mapa de carreteras preGPS como el que ustedes y yo llevábamos en la guantera del coche (en un ejercicio de optimismo: solo había ocho kilómetros de barreras). Como es sabido se escogió alejar el barco, en contra de lo que establecía el protocolo de emergencia aprobado hacía un año, por un dictamen de los expertos. Dictamen obtenido en dos llamadas telefónicas de diez minutos de duración en conjunto.

Curiosamente, después de ese despliegue de eficacia, todos ascendieron. Bueno, menos Paco Álvarez Cascos (al que se le atribuye la frase mítica “que lo lleven al quinto pino”, que otros historiadores citan como “Ese barco, que se vaya a tomar por culo”) y Jaume Matas, por sus respectivas malas cabezas. El resto, todos. El delegado del Gobierno, Arsenio Fernández de Mesa, que tan gallardamente ponía rostro a decisiones como “que lo alejen a 120 millas y después no es problema nuestro”, es ahora Director General de la Guardia Civil.

El entonces ministro de Agricultura y Pesca, Miguel Arias Cañete, que ocho horas después de que el chapapote asaltara Muxía y cientos de kilómetros de costa declaraba que “la rápida actuación de las autoridades ha evitado una marea negra” (nota: entonces ya había móviles), es ahora Ministro de Agricultura y Pesca. El vicepresidente al que el presidente Aznar mandó a Galicia para dar la cara y consagrarse con aquello de los “hilillos de plastilina” es ahora el presidente Mariano Rajoy. Incluso una de aquellas chicas de Urdaci que aterrizaron entre tanta negrura, Letizia Ortiz, es ahora princesa. Como decía otro griego -que no era armador- Aristófanes, la virtud sale a la luz en las adversidades.

PÚBLICO 13/11/2013